Avalada por el Consejo Económico y Social, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presentó en Pamplona, con el apoyo de Podemos, un informe que plantea la regularización administrativa como herramienta de integración.
La medida prevé beneficiar, a partir de abril, a unas 500.000 personas en situación administrativa irregular.
Con ello se pretende cerrar una etapa marcada por la precariedad de quienes, tras pasar por un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), quedaban en un limbo jurídico. Muchos terminaban desplazándose por distintas ciudades con una orden de expulsión que rara vez se ejecutaba por falta de medios, pero que les impedía acceder al mercado laboral y les situaba bajo la amenaza constante de una identificación policial.
La irregularidad administrativa suponía, en la práctica, la exclusión de derechos básicos y la imposibilidad de construir un proyecto de vida estable.
leopoldo
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